Audiencia del Comité Judicial del Senado sobre la Supervisión de la Decisión de la Administración para Finalizar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el 3 de octubre de 2017

Declaración de Michael Dougherty
Secretario Auxiliar
Fronteras, Inmigración y Comercio
Oficina de Estrategias, Políticas y Planificación
Y
James McCament
Director en Funciones
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
Durante una Audiencia sobre
“Supervisión de la Decisión de la Administración para Finalizar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”
Ante el
Comité Judicial del Senado de Estados Unidos
3 de octubre de 2017

Introducción

Presidente del comité, Grassley; Miembro de Rango Feinstein, y distinguidos miembros del Comité: Gracias por la oportunidad de comparecer el día de hoy para discutir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). DACA, y de manera más general, la preocupación por el estatus de las personas traídas ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia, ha sido objeto de debate durante más de una década.

En ausencia de una nueva legislación para remediar el problema, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han intentado tratar humanamente a los menores mientras tratan de evitar la creación de factores de persuasión que incitarían una migración ilegal y peligrosa para jóvenes vulnerables y niños. Ninguna otra institución del Gobierno Federal se encuentra con tantos inmigrantes legales e ilegales como lo hace DHS. En un día cualquiera, nuestro Departamento está naturalizando a nuevos ciudadanos y deportando a extranjeros que no están legalmente autorizados a permanecer en Estados Unidos.

DHS entiende a los inmigrantes y sus aspiraciones, pero también entiende las expectativas del público estadounidense de que vamos a cumplir fielmente con la ley. Cuando damos nuestro testimonio ante este Comité, reconocemos que DACA está en un litigio activo y que el descubrimiento está ocurriendo ahora. Dentro de estas limitaciones necesarias, agradecemos la oportunidad de discutir las dimensiones prácticas y operacionales de cómo DACA está siendo eliminada gradualmente por DHS.

Es en este contexto, nuestra declaración se centrará en la cronología de DACA, incluyendo cómo se está dirigiendo hacia una anulación de manera gradual por parte de la Administración.

Historia de DACA

El 15 de junio de 2012, la entonces Secretaria de DHS, Janet Napolitano, emitió un memorándum titulado "Ejerciendo la Discreción Fiscal con Respecto a las Personas que Vienen a Estados Unidos siendo Niños." Este memorándum creó la política conocida como DACA. Bajo el memorándum de DACA y la guía de implementación, las personas sin estatus legal podían solicitar un período de dos años de acción diferida y solicitar autorización de empleo (con posibilidad de renovación) si cumplían ciertos requisitos de edad, habían residido continuamente en Estados Unidos por un período de cinco años, cumplían ciertos requisitos educativos o de servicio en la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y no habían sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más delitos menores y que no representaran una amenaza para la seguridad nacional ni para la seguridad pública.

El memorándum del 2012 también dejaba claro que se podían considerar a las personas para DACA incluso si ya estaban en proceso de remoción o estaban sujetos a una orden de remoción final.

El memorándum dio la directriz a DHS de realizar verificaciones de antecedentes a los solicitantes de DACA. También ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para que ejercieran discreción procesal individual, a fin de evitar que personas de baja prioridad fueran puestos en procesos de remoción o removidos de Estados Unidos. Esencialmente, el memorándum proporcionaba orientación sobre el ejercicio de la discreción a los oficiales de inmigración sobre una base individual para aplazar la remoción de personas que cumplían con los criterios de DACA, incluso si no solicitaban y recibían DACA formalmente. Una vez que se concedía acción diferida a una persona, el memorándum de 2012 permitía a USCIS determinar si el receptor de DACA cualificaba para la autorización de empleo durante el período de acción diferida.

El 20 de noviembre de 2014, el entonces Secretario de DHS, Jeh Johnson, emitió un memorándum titulado "Ejerciendo la Discreción Procesal con Respecto a las Personas que Vinieron a Estados Unidos como Niños y con Respecto a Ciertas Personas que son Padres de Ciudadanos Estadounidenses o Residentes Permanentes". Entre otras cosas, este memorándum expandió DACA y creó la política de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA).

Esta expansión de DACA y la creación de DAPA fue objeto de una orden judicial preliminar dictada por el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas el 16 de febrero de 2015. La orden preliminar fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Quinto Circuito el 9 de noviembre de 2015, y una decisión igualmente dividida de la Corte Suprema condujo a que la opinión del Quinto Circuito se confirmara el 15 de junio de 2016.

En vista de esas decisiones, el Secretario del DHS Kelly rescindió DAPA y la expansión de DACA el 15 de junio de 2017. Los receptores originales de DACA no fueron afectados, y las personas que habían recibido tres años de validez para DACA y la autorización de empleo asociada bajo el memorándum de noviembre de 2014 previo a la orden judicial de distrito podían mantener esas aprobaciones hasta su vencimiento, a menos de que se terminaran o revocaran por razones específicas de cada caso.

Anulación ordenada de DACA

El 29 de junio de 2017, el gobierno del estado de Texas y de varios otros estados enviaron una carta a al Secretario de Justicia Sessions, afirmando que el memorándum original de DACA de 2012 era ilegal por las mismas razones expuestas en el Quinto Circuito y las opiniones de los tribunales de distrito sobre DAPA y la versión expandida DACA. La carta señalaba que si DHS no rescindía el memorándum de DACA antes del 5 de septiembre de 2017, los estados buscarían enmendar la demanda de DAPA que contendría un desafío para DACA.

El Secretario de Justicia envió una carta a DHS el 4 de septiembre de 2017, en la que declaró que DACA "fue efectuado por la administración anterior mediante acción ejecutiva, sin la debida autoridad estatutaria y sin fecha de finalización establecida, ante el rechazo repetitivo del Congreso de legislación propuesta que lograría un resultado similar. Esta cláusula de evasión de las leyes de inmigración constituía un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo". La carta indicaba además que DACA poseía los mismos defectos legales y constitucionales de DAPA identificados por los tribunales. Como tal, el resultado potencial de una impugnación legal a DACA probablemente produciría un resultado similar al de la impugnación legal de DAPA.

Tomando en consideración las determinaciones judiciales federales en los litigios en curso y la carta del 4 de septiembre de 2017 del Secretario de Justicia, quedó claro que la política debe ser terminada de manera humana y gradual. El 5 de septiembre de 2017, la secretaria de Seguridad Nacional en funciones rescindió el memorándum del 15 de junio de 2012 que establecía DACA y proveyó guías para su anulación de manera gradual. Este plan permite a los actuales receptores de DACA retener los períodos de acción diferida y sus documentos de autorización de empleo (EAD) hasta que expiren, a menos que sean revocados por razones específicas para cada caso. Los períodos de acción diferida bajo DACA y la autorización de trabajo asociada eran generalmente válidos por dos años a partir de la fecha de aprobación.

La decisión de la Administración de poner fin a DACA no se tomó a la ligera. Nos enfrentábamos a dos opciones: reducir DACA de una manera gradual que protegiera a los receptores a corto plazo, dando tiempo que permitiera al Congreso trabajar para aprobar la legislación para abordar esta situación, o permitir que la judicatura potencialmente cancelara DACA completa e inmediatamente. Elegimos la opción menos perjudicial. Esta opción limitará la interrupción a los actuales receptores de DACA mientras que da tiempo para que el Congreso busque una solución legislativa.

Para implementar el proceso de anulación de manera gradual bajo este proceso, USCIS considerará, individualmente, caso por caso:

1. Las solicitudes iniciales de DACA pendientes y las solicitudes asociadas de autorización de empleo (EAD) debidamente presentadas y recibidas hasta el 5 de septiembre de 2017 y
2. Las solicitudes pendientes de renovación de DACA que hayan sido presentadas correctamente y sus solicitudes asociadas para EAD de receptores de DACA que hayan sido recibidas hasta el 5 de septiembre de 2017 y de receptores de DACA que expirará entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 inclusive, recibidas hasta el 5 de octubre de 2017. Los receptores de DACA elegibles para renovar bajo estos parámetros deben presentar el Formulario I-821D para solicitar la consideración, junto con su Formulario I-765 y la tarifa requerida para solicitar la autorización de empleo. Los solicitantes de renovación de la DACA no necesitan presentar ningún documento adicional al momento de la solicitud de renovación, a menos que el solicitante tenga nuevos documentos que incluyan procedimientos de remoción o antecedentes penales que no hayan sido presentados a USCIS en una solicitud DACA previamente aprobada. Las personas que no solicitaron DACA inicial en o antes del 5 de septiembre de 2017, ya no pueden hacerlo. USCIS rechazará todas las solicitudes iniciales recibidas después del 5 de septiembre de 2017.

Conclusión

El Poder Ejecutivo no debe crear factores de "persuasión" para la inmigración ilegal a los Estados Unidos. La inmigración ilegal es peligrosa para los extranjeros, especialmente para los niños, y para Estados Unidos. La oleada de 2014 de niños extranjeros no acompañados en la frontera suroeste implicó viajes falaces para poblaciones vulnerables. Este aumento también colocó una presión abrumadora sobre el gobierno para procesar y proporcionar atención a quienes inundan la frontera. Hay un riesgo moral cuando recompensamos e incentivamos el comportamiento ilegal. Debemos evitar enviar el mensaje a personas fuera de Estados Unidos de que la entrada ilegal les beneficiará, ya sea de inmediato o en el futuro. DHS está listo para proporcionar asistencia técnica solicitada por el Congreso de apoyar los esfuerzos para lograr una solución legislativa razonable para DACA, que esté acorde con las prioridades de la Administración.

Presidente Grassley, Miembro de Rango Feinstein y distinguidos miembros del Comité, gracias por la oportunidad de testificar hoy y esperamos sus preguntas.